La corrupción viene propiciada por los partidos políticos, los políticos, los ayuntamientos, incluso también existe la corrupción entre particulares, el corrupto se hace o se crea atreves del cobro de dinero negro. Y el dinero negro viene producido por la economía sumergida y el empleo no declarado en España representa el 18,6% del PIB.
Equivalentes a 190.000 millones de euros que escapan cada año a los ojos de Hacienda. Sin economía sumergida la tasa de paro se reduciría un 50%, podrían aflorar tres millones de puestos de trabajo.
Esta contrastado que unos niveles elevados de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia del empleo no sumergido.
EEUU tiene una economía sumergida del 6,6% del PIB, hay que tener en cuenta que en este país, todos los contribuyentes deben guardar absolutamente todos sus comprobantes tanto de ingresos como de gastos, con lo cual la pregunto de en negro no sirve. Solo existe economía sumergida en mercados como la droga, prostitución o tráfico de personas.
En cambio en España, cada vez son más restrictivas las posibles deducciones de las declaraciones de renta e IVA.
Otra de las medidas que aprobaría de forma inmediata y que acabaría con los focos de corrupción, sería terminar con el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, recogidos en los artículos 71.3 y 102.1 y la ley orgánica del poder judicial.
Las medidas presentadas por el Gobierno en esta ámbito son escasas y como siempre llegan tarde las podrías resumir de la siguiente manera:
1 - Medidas de control financiero de los partidos políticos
Se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos.
Los bancos no podrán condonar las deudas a los partidos, ni total ni parcialmente, ni pactar condiciones financieras por debajo de las condiciones de mercado.
- Obligación de que todos los partidos publiquen sus cuentas.
- Se refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre subvenciones y donaciones.
2- Contra la corrupción en los partidos Junto a estas reformas, ya contempladas en el proyecto de ley que llegó al Congreso el pasado mes de marzo, el presidente del Gobierno ha anunciado otras medidas para luchar contra la corrupción en los partidos:
- Los particulares no podrán hacer donaciones por encima de 50.000 euros.
- Las donaciones superiores a los 25.000 euros se notificarán al Tribunal de Cuentas y se publicarán en la web de la formación política con identificación del donante.
3- Medidas de democracia interna en
Los órganos de dirección de los partidos se renovarán necesariamente cada cuatro años, coincidiendo con el ciclo electoral, medida que se incorporará a sus estatutos.
Cada partido tendrá que garantizar, como crea conveniente, fórmulas de participación democrática de sus militantes, mediante congresos, asambleas u otros mecanismos.
Se decreta la suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral
También los estatutos incorporarán garantías concretas para todos los afiliados y qué órganos son los que ejercerán como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación.
Se decreta la suspensión automática de militancia en caso de que se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación.
Cualquier partido que incumpla estás obligaciones legales o de presentación de sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Medidas de control de los altos cargos
4- Medidas de control de los altos cargos
Se exigirá a los altos cargos la elaboración de una declaración responsable en el momento en que sea nombrado, y la carencia de antecedentes penales por determinados delitos.
Sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas con detalle al inicio y al final de su cargo, de modo que se pueda detectar cualquier señal de enriquecimiento ilícito, irregular o injustificado.
Los gastos de representación estarán mejor regulados y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito
Las retribuciones serán totalmente públicas con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la puesta en marcha del nuevo portal. Los gastos de representación estarán mejor regulados en la ley y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos.
Se reforzará el control de las incompatibilidades por medios de la oficina de conflicto de intereses. Incremento del control frente a la corrupción en el marco de la reforma de las administraciones públicas y la legislación de contratos, ampliando las prohibiciones de contratar con la administración y limitación del uso de los procedimientos negociados.
5- Medidas en el ámbito del Congreso y el Senado.
El Gobierno está dispuesto a ampliar el régimen de suspensión de derechos y deberes de los diputados y senadores, siempre que exista consenso en las Cortes Generales.
Control parlamentario del indulto. Se remitirá al Congreso de los Diputados, cada seis meses, un informe sobre la concesión y denegación de indultos. El Ministerio de Justicia dará cuenta de los indultos concedidos en una comparecencia periódica en la Cámara. Mejorar la iniciativa legislativa popular y abrir nuevos espacios a la participación de los ciudadanos en la vida parlamentaria.
6- Reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Mariano Rajoy llama a las medidas penales y procesales el "tercer pilar de la regeneración democrática", tanto para perseguir con más dureza este tipo de delitos, como para agilizar los procesos judiciales.
Se establecerá por primera vez en democracia el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos. Se agravarán las penas de inhabilitación.
Se aumentará los plazos de prescripción de los delitos de corrupción Se aumentará los plazos de prescripción de los delitos de corrupción para poder mejorar la respuesta penal contra este fenómeno. Se agilizarán los macroprocesos, de manera que la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas.
Se fijará un plazo máximo para la instrucción, para evitar que casos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años. Se articularán medidas procesales para la recuperación rápida de todos los bienes que el delincuente esté obligado a devolver.
Convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales prevista en los presupuestos generales del Estado del año 2015, así como dotación de recursos para el impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial que se aprobará este mismo viernes en Consejo de Ministros.
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